Una semana llena de dolores de cabeza está viviendo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Mientras debe manejar la crisis en Primera B por los 'escritoriazos', recibió una grave acusación en su contra por irregularidades en el edificio institucional, que llevaron a que fuera clausurado este miércoles.

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La oficina de la ANFP y FFCh está en el ojo del huracán, luego que la Municipalidad de Peñalolén dictara la clausura de la edificación debido a la falta de recepción definitiva ante la Dirección de Obras Municipales. Y como agravante, se suma una deuda con la administración comunal que llega a los $172 millones, debido a no contar con patente municipal desde hace 16 años.

Estos antecedentes, proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio, llevaron al alcalde Miguel Concha a denunciar las irregularidades. "En Peñalolén las reglas son iguales para todos. No puede ser que una institución de esta magnitud lleve tantos años funcionando en nuestra comuna y mantenga obligaciones municipal pendientes durante décadas, mientras nuestros locatarios honestos cumplen con sus obligaciones", afirmó.

Tras el desalojo de Quilín 5635, las entidades que rigen el fútbol nacional quedan sin hogar temporalmente. Los pasos a seguir, según lo indicado por Concha, es que la ANFP reciba una notificación de cobranza para regularizar la deuda. Luego que el monto sea pagado en su totalidad, la institución deberá completar los trámites municipales para, eventualmente, poder operar en la comuna con normalidad.

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Denuncia que destapó la situación

El concejal Juan Cristóbal Cantuarias fue quien hizo pública la situación, denunciando el hecho a través de sus redes sociales. De tal manera, cuestionó al ente rector del fútbol nacional por operar sin los permisos correspondientes, tanto en temas de edificación como terreno.

"Hoy nos enteramos que la ANFP no solo lleva 16 años funcionando en Peñalolén sin patente, sino que además sus construcciones no cuentan con recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales (DOM)", afirmó. Junto a ello, sostuvo que el organismo funcionaba en un lugar que, según la ley, no debería ocupar.

"La ley prohíbe usar recintos u otorgar patente municipal sin esta autorización (art. 145 LGUC). Es decir, la ANFP opera en un inmueble que legalmente no puede ocupar", sostuvo Cantuarias.

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Finalmente, criticó la falta de diligencia por parte de la oficina comunal. "Por irregularidades similares, a pequeños emprendimientos de barrio y a vecinos de Peñalolén se les ha aplicado todo el rigor de la ley. ¿Por qué se hace una excepción en este caso? No puede haber una ley para los chicos y otra para los grandes. Como concejal de Peñalolén, solicito al alcalde que decrete la inhabilidad y la clausura del recinto hasta que la ANFP regularice su situación. Ni un privilegio más".

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