Una nueva polémica remeció al fútbol chileno con problemas de financiamiento ilegal. Esta vez fue la Segunda División profesional, que tuvo el centro del conflicto con Brujas de Salamanca como protagonista, quien está siendo acusado por la Contraloría General de la República de utilizar recursos municipales para crear y sostener el club en su salto al profesionalismo.
El Informe Final de Investigación Especial N° 622 del 7 de octubre, da cuenta de las graves irregularidades de Brujas de Salamanca respecto a su funcionamiento. En el documento se evidencian los desembolsos realizados por la Municipalidad de Salamanca en los años 2024 y 2025, cuando el club inició su camino en la Segunda División desde el amateurismo.
Jugadores con pagos millonarios y la petición de disolver la SADP
El problema aterriza principalmente en la utilización de recursos públicos para pagar a los jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo del club. La cifra rodea los 366 millones de pesos, de los cuales $106.258.730 corresponden a traslados, alimentación y alojamiento del plantel. Mientras que los $259.710.829 restantes se les pagó como funcionarios municipales mediante un contrato de honorarios. Los cargos que utilizaron para justificar el pago fueron desarrollar funciones de monitores deportivos, manipuladores de alimentos, guardias de seguridad y encargados de mantención de recursos.
Y en medio de su lucha por el ascenso a Primera B, la CNR añadió en su informe lo que podría ser el mayor golpe para Brujas, pues redactaron que "ahora, y tal como se señaló en forma precedente (...) se establece que la Corporación Municipal de Salamanca carecía de atribuciones para efectuar la creación de un club deportivo, la Municipalidad de Salamanca deberá informar en el plazo de 60 días hábiles desde la recepción del presente informe, las acciones tendientes a la disolución de la sociedad deportiva en análisis, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR".
Con este lapidario informe de la Contraloría, Brujas de Salamanca además de seguir con su objetivo de ascender, deberá resolver este complejo dilema financiero y administrativo que podría traerle como consecuencia, la disolución de la SADP. En tanto, el conflicto se trasladará a la Fiscalía Local de Illapel y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para seguir con las investigaciones de delitos de indebido uso de recursos públicos e inconsistencias en facturas y adquisiciones.
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